¿La reforma fiscal que el Gobierno ha presentado en Bruselas tocará los bolsillos de los más de 3,2 millones de trabajadores por cuenta propia? Las opiniones de los expertos están encontradas, frente al catastrofismo de algunos, otros se muestran cautos y confían en que el impacto será mínimo.
De aquí a 2022, el Gobierno pretende recaudar 26.500 millones de euros más. Sólo este año, el Ejecutivo prevé ingresar 5.678 millones adicionales por la revisión al alza de algunos tributos que podrían afectar a autónomos, emprendedores y pequeñas y medianas empresas.
Una iniciativa que ha suscitado opiniones encontradas. “Tanto la subida del Salario Mínimo y las cotizaciones sociales como el incremento impositivo restará capacidad de consumo. Son medidas procíclicas que, en un momento de desaceleración como el actual, derivarán tarde o temprano en menos crecimiento y menos creación de empleo”, afirmó Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas. En la parte más conservadora está Javier Martín, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid y socio director de Ideo Legal, cuando explica que “hay que ver las cosas por encima y esperar a conocer el detalle. Además, se ha de tener en cuenta la otra cara de la moneda y es que para mantener el Estado de Bienestar se necesitan medidas que lo financien”.
El Plan Presupuestario que se presentó el Gobierno en Bruselas el pasado 30 de abril y sobre el que la Comisión Europea ya ha mostrado sus dudas, recoge las subida del impuesto al diésel, la revisión de las cotizaciones sociales de los autónomos y del tipo mínimo efectivo en el Impuesto de Sociedades, el aumento del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) y del IRPF (Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas) a quienes obtengan rendimientos superiores a 130.000 euros al año, entre otras medidas que ya se contemplaron en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019.
La pregunta es ¿cómo afectará todo esto a los autónomos?
- Impuesto al diésel: el Plan Presupuestario apunta a un incremento de 3,8 céntimos de euro por litro. Con ello se pretende recaudar un total de 670 millones de euros. De cumplirse la hipótesis barajada por el Ejecutivo de un aumento del precio del petróleo de 8,9 euros por barril, el efecto podría ser “nefasto. Es añadir fuego a la subida de la inflación”, considera Pedraza. A este respecto, Javier Martín apunta que “es el mercado quien fija el precio del producto. El coste del combustible es sólo un factor más siempre. Ahora bien, no se puede penalizar a los pequeños transportistas y a los profesionales que necesitan sus vehículos para desarrollar la actividad”. Entre ellos se encuentran, además, los agricultores, agentes comerciales, visitadores médicos… Un interrogante ante el que fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que “se hará de manera progresiva y no afectará al gasóleo profesional ni a colectivos como los taxistas”. Además recuerdan que “la subida que se produjo a principios de año en nueve comunidades autónomas no ha tenido ningún efecto económico”.
- Impuesto a Vehículos de Tracción Mecánica e Impuesto de Matriculación: otra de las medidas que baraja el equipo económico de Sánchez con el objetivo de dar un espaldarazo al vehículo eléctrico. “Esto sí puede incidir negativamente. Hay que pensarlo. No se puede castigar a un sector que crea empleo y empleo de calidad”, considera el catedrático de la Complutense.
- Subida del tipo mínimo efectivo del Impuesto de Sociedades al 15%: sólo afectará a los autónomos societarios que sean titulares de compañías que facturen más de un millón de euros. “Un porcentaje mínimo”, puntualiza Martín. Así, las aproximadamente 350.000 pequeñas empresas que tributan por este impuesto quedarán fuera de esta subida. Es más, se verán beneficiadas de una rebaja de dos puntos en el tipo aplicable del 25% al 23%, lo que en términos económicos significa unos 750 euros de media cada año y costará al Estado unos 260 millones de euros.
- Cotizaciones sociales: la subida de cotizaciones al colectivo de autónomos que se aprobó el pasado mes de diciembre genera opiniones para todos los gustos. Álvaro Lodares, economista y escritor, se muestra tajante “los autónomos pagarán más con el plan del gobierno aunque se diga lo contrario, ya que se ensancha la base mínima de cotización aumentando por tanto el pago de cotizaciones sociales. En concreto los autónomos que cotizan en la base mínima se les elevará la cuota en 420 euros al año”. Además advierte de que de ponerse en marcha el modelo de cotización por ingresos reales “siete de cada diez autónomos pagarán una cuota más elevada”. A este respecto, Javier Martín propone hacer una reflexión a futuro. “Los autónomos deben pensar qué tipo de protección social quieren el día de mañana. La mejor fórmula de ahorro es la cotización”. No obstante señala que “habría que valorar la posibilidad del impacto de una bajada de las cotizaciones sociales de las empresas. Es cierto que supone menos ingresos para el sector público pero pueden resultar más efectivas y a la larga generar un mayor beneficio”.
- Aumento del SMI (Salario Mínimo Interprofesional): en este aspecto sí hay consenso entre los economistas consultados que coinciden en su efecto “negativo”. Para Antonio Pedraza, en la coyuntura actual tanto la subida del SMI como una relajación en la contención salarial “resta competitividad. Es una rémora que cargará contra la creación de empleo y la inversión”. Similar opinión emite Martín, “ya está siendo un lastre. Los salarios deben subir en función de como evolucione la economía. Hubiera sido razonable si se hubiera planteado de forma escalonada en un periodo de cinco años”. Por su parte, Lodares alude a la situación del millón de autónomos societarios que verán como los costes laborales por empleado se incrementarán en 3.000 euros. “A pesar de las quejas de los autónomos, el Gobierno no ha aclarado nada sobre la situación de los autónomos societarios que tendrán que pagar un 22% más a la Seguridad Social por los trabajadores que mantienen en plantilla cotizando en bases mínimas”.
- Subida del IRPF a rentas superiores a 130.000 euros: si atendemos a los datos de la Agencia Tributaria, unos 25.000 autónomos tendrán que pagar más por la subida de cuatro puntos en el IRPF que pasará del 22,5% al 26,5% en su tramo estatal. A esto habría que añadir el tipo aplicable al tramo autonómico que oscila entre el 21% de Madrid (el más bajo) y el 25,5% de Cataluña (el más elevado). Esto significa que la retención para los trabajadores por cuenta propia con rentas más altas podría superar el 50%, mermando su poder adquisitivo.
- Tarifa plana, incentivos a la contratación e IVA: el Plan Presupuestario pone negro sobre blanco sobre las intenciones del Ejecutivo de revisar una serie de beneficios fiscales e incentivos que actualmente minoran la presión fiscal de los autónomos y la empresas. La Tarifa Plana, los incentivos a la contratación y las inversiones por I+D son algunos de ellos. “Hay que valorar si tienen sentido o no y si cumplen o no los objetivos para los que se crearon”, señala el catedrático de la Complutense y socio director de Idea Legal. Desde Hacienda señalan que “lo único que es definitivo es que se ha encargado a la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) que se analicen. No significa ni que se vayan a revisar ni, mucho menos, que se vayan a eliminar”. Respecto a una posible subida del IVA, las mismas fuentes del ministerio que lidera en funciones María Jesús Montero, sentencian “no hay absolutamente nada encima de la mesa”.